El Gobierno, que había prometido que toda la población tendría garantizada por ley la conexión a Internet el 1 de enero de este año a una velocidad mínima (bajada) de 1 megabit por segundo (Mbps), ha dado un paso atrás.
El asunto no es baladí. Primero, porque hay 536.000 hogares en España que no tienen la posibilidad de conectarse a Internet más que a la ridícula velocidad primigenia de 56 kbps, la que ofrece la línea telefónica del par de hilos de cobre sin más.
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